Soria no descarta una subida de la factura de la luz en el mes de abril

El ministro de Industria señala que la medida dependerá de la evolución del precio del petróleo

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, no descarta subidas de la luz y advierte de que la reforma energética que prepara el Gobierno pasa por un “aumento significativo por el lado de los ingresos y también por una disminución en los costes”, así como por la aplicación de “medidas de eficiencia” para racionalizar el consumo. “No descarto subidas en el segundo trimestre”, afirmó el ministro este martes durante un desayuno organizado por Intereconomía Confe

Las declaraciones de Soria se producen a una semana de que se celebre la subasta trimestral de energía (Cesur) que determina la mitad del recibo que pagan 22 millones de usuarios acogidos a la llamada tarifa de último recurso (TUR). La otra mitad de la factura, constituida por los denominados peajes, depende de la decisión del Gobierno. Sobre todo el proceso de revisión presiona la deuda eléctrica, un agujero de 22.000 millones de euros, que el Ejecutivo debe taponar por ley.

Para solucionar el problema, Soria ha adelantado que deberán repartirse los esfuerzos, lo que ha inquietado a las empresas eléctricas. Temen una quita al estilo griego de la deuda que se les reconoce. Soria tranquilizó al respecto en su intervención: esa posibilidad, dijo, “no se ha planteado en ningún momento”.

Para hacer frente al problema, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) propuso la semana pasada una batería de medidas que incluyen desde la subida de las tarifas a la revisión de las tarifas de las centrales termosolares, pasando por la revisión de los conceptos que se incluyen en el recibo que pagan los usuarios. La propuesta, cuya publicación causó gran malestar en Industria, ha sido rechazada por la patronal eléctrica

(La CNE pide poner freno a las centrales termosolares para atajar el déficit

El desequilibrio entre ingresos y costes en el sistema eléctrico, que sumará este año 23.312 millones de euros, es "insostenible". Así lo sostiene el informe elaborado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a requerimiento del Ministerio de Industria. El documento, no vinculante y que cuenta con el voto particular del presidente del organismo, Alberto Lafuente, propone adoptar medidas a corto plazo "tanto sobre los costes de las actividades reguladas como sobre el aplazamiento de inversiones previstas en la planificación actual". Entre todas las medidas, destacan las referidas a las renovables y en especial a las centrales termosolares.

La CNE, aparentemente, ha aceptado los argumentos críticos de las empresas eléctricas tradicionales que advertían del próximo estallido de la llamada "burbuja termosolar". Así, el organismo propone revisar las primas que cobran este tipo de centrales, laminándolas en el tiempo, así como limitar al 5% "de la energía primaria" el uso de combustibles fósiles de apoyo al funcionamiento de sus instalaciones.

Las medidas de limitación de las centrales termosolares afectan, sobre todo, a un puñado de empresas que acumulan 2.525 Megavatios autorizados para instalción. Se trata de Abengoa, ACS, Acciona, Grupo Solar Milenium, Samca, Elecnor y Torresol. Las empresas tradicionales acusan a la energía termosolar de ser la más cara entre las renovables (320 euros MWh), con un coste anual de 2.000 millones anuales que se prolongaría durante 25 años si nada cambiara y no se adoptaran medidas. Las empresas termosolares, por supuesto, han rechazado las críticas.

Además de recortar las primas en renovables, la CNE propone limpiar la tarifa, que en los últimos años ha ido recogiendo y reconociendo costes en un contexto de aumento de la demanda que se ha acabado. Entre otras cosas, el organismo propone que los llamados costes extrapeninsulares, que compensan de alguna forma (sobre todo a Endesa) la prestación del suministro en las islas, se atiendan desde los presupuestos generales del Estado.

El informe, según se apresuraron a destacar fuentes del sector eléctrico, no menciona para nada posibles quitas en la deuda reconocida a las eléctricas ni la imposción de nuevas tasas a las centrales nucleares o hidreoléctricas al estilo de lo aprobado en otros países europeos, como Italia.

Por supuesto, el documento habla de tarifas. En este apartado sostiene que, sin adoptar medidas como las que propone, ni aumentando los llamados peajes (que suponen la mitad del recibo eléctrico) de forma moderada (2% anual hasta 2016 o 10% anual hasta 2015), ni de forma brusca (35,5% este año) se podría arreglar el problema. La apuesta es, por lo tanto, una combinación de revisión de tarifas, limpieza de costes y recortes en la actividad de renovables más costosa. En el caso de que se aceptara el conjunto de medidas para arreglar el déficit, el incremento de los peajes debería ser del 3% anual hasta 2014, con lo que quedaría resuelto en ese año. En cualquier caso, precisa la CNE, el sistema que registra un exceso de capacidad de generación (10%) que se mantendrá, al menos, hasta 2016).

Por otra parte, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) pidió ayer que el Gobierno esclarezca cuál es la cuantía real de los costes que se reconocen a las eléctricas al prestar sus servicios para saber hasta qué punto coincide con las cantidades que reclaman.

Las cuentas pendientes de la energía

El Gobierno prepara la reforma de un sector estratégico atenazado por la deuda

Es un asunto delicado en un país con un sistema solo nominalmente liberalizado

Hay una dependencia exterior brutal y un consumo de energía superior a la media europea

La cirugía sin anestesia, de combate, que está practicando el Gobierno en la economía ha tocado hueso y se acerca al nervio. Tras la reforma financiera y la del mercado de trabajo, toca reformar el sistema energético. Es un asunto delicado en un país con un sistema solo nominalmente liberalizado, con una dependencia exterior brutal (80%) y un consumo de energía que es un 20% superior a la media europea por unidad de PIB.

La reforma es crucial. No solo porque afecta a uno de los núcleos de poder e influencia más importantes del país, sino por la delicada situación que atraviesa, con una fuerte caída de la demanda de electricidad (2,1% en 2011, hasta el mismo nivel que 2006), un exceso evidente de potencia instalada (100.576 MW) y una fuerte competencia —forzada, según las empresas tradicionales— de las energías renovables, que el pasado año cubrieron el 33% de la demanda.

Con todo, el gran problema a resolver se llama déficit tarifario, una deuda contraída —por todos— con las grandes compañías eléctricas, que supera los 24.000 millones de euros acumulados en poco más de una década y que nadie sabe muy bien cómo resolver sin conflictos. Esa deuda convierte a España en una excepción. Es “el único país del mundo en el que los clientes mantienen una deuda con el conjunto del sector eléctrico, que se acumula creciendo de forma crónica año a año”. La descripción es de la consultora PwC en su informe

La deuda contraída y reconocida a las eléctricas es la mitad del saneamiento impuesto a la banca (52.000 millones de euros)

Pero hay que aclarar qué es el déficit tarifario. Y nadie mejor para contestar que la Comisión Nacional de la Energía (CNE): “Es la diferencia entre el coste real de la electricidad y el precio que los usuarios están pagando por ella”. Bien. Y ¿por qué se produce? “Hasta 2007”, explican los expertos de PwC, “porque la tarifa eléctrica vigente en esos años no recogía adecuadamente el coste de adquisición de la energía”. A partir de julio de 2008, por la diferencia entre los ingresos que se obtienen de los peajes que pagan los clientes y los costes reconocidos a las actividades reguladas del sector eléctrico (transporte, distribución y primas a las renovables, fundamentalmente).

La dimensión del nudo que debe desatar el nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria, se comprende mejor si se comparan los números. La deuda contraída y reconocida a las eléctricas es la mitad del saneamiento impuesto a la banca (52.000 millones de euros) y casi el doble de la deuda del sistema sanitario público (15.000 millones). En números redondos, casi un 3% del producto interior bruto español.

Más como manifestación de voluntad que como medida efectiva, Soria aprobó a las pocas semanas de hacerse cargo del ministerio una moratoria temporal de las primas que reciben y que este año se situarán en 7.200 millones de euros. Pero la moratoria, que no afecta a los proyectos termosolares ya registrados, apenas supondrá un ahorro anual de 160 millones de euros. Una gota en el mar. Aunque sí lanza un mensaje claro: las cosas van a cambiar, y mientras cambian, la cartera estará más cerrada.

Soria repite la misma idea: la solución a los problemas no recaerá solo sobre los consumidores

Así pues, son dos los problemas inmediatos a resolver: el déficit de tarifa —que no deja de ser una factura aplazada a 15 años— y el desarrollo de las energías renovables. Los dos problemas están relacionados. Para las grandes compañías energéticas agrupadas en la asociación patronal Unesa, las renovables son la causa principal de la deuda que oprime el sector por una doble vía: reciben primas en una cuantía que no está justificada y se benefician de una regulación que expulsa del mercado a unas tecnologías tradicionales que, en cualquier caso, son necesarias para respaldar el funcionamiento de sistemas todavía inmaduros.

Hasta el momento, Soria y su equipo para el área energética, dirigido por el exvicepresidente de la CNE, Fernando Martí, han encarado los problemas sin concretar medidas. “No nos ha recibido”, se quejaba esta misma semana el consejero delegado de una de las grandes compañías. Por parte de Soria, silencio y una idea repetida de varias formas y maneras allí donde ha habido ocasión: la solución a los problemas no recaerá solo sobre los consumidores. La idea no es original de Soria; el primero que la manejó fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura.

El ministro ha deslizado que reformará el mercado gasista para evitar que se reproduzca la situación creada en el sector eléctrico

Mientras Soria y Martí estudian cómo tratar la delicada y cara vajilla energética sin romper piezas, el ministro ha deslizado algunas líneas de lo que piensa aplicar: reformar el mercado gasista para evitar que se reproduzca la situación creada en el sector eléctrico; mantener las ayudas al carbón —un asunto que cuesta más de 500 millones al año y con evidente impacto político en las zonas mineras del país— y aprovechar al máximo todas las tecnologías de generación disponibles, lo que incluye las centrales nucleares y la anunciada renovación del permiso de funcionamiento de Garoña.

Son pinceladas gruesas, aún por afinar, pero que han bastado para inquietar a las grandes compañías energéticas, que temen, con fundamento, que tras la moratoria “temporal” a las renovables, les haya llegado la hora del sacrificio. Si Economía (Luis de Guindos) logró imponer el gesto de recortar el salario de los banqueros apoyados con fondos públicos, no hay razón, admiten en el sector, para que el Ejecutivo no tenga otro gesto con fácil rédito de imagen al imponer supuestos sacrificios a las grandes empresas.

Una puerta abierta a la quita

El ministro Soria, sin despejar la incógnita, ha dejado la puerta abierta a lo que más temen los grandes empresarios del sector eléctrico: alguna forma de quita en la deuda reconocida a las empresas. Lo hizo, sin ir más lejos, la pasada semana en el transcurso de un almuerzo en el Foro Nueva Economía: “No se puede admitir que el déficit tarifario se convierta en un problema de déficit público”, argumentó. De alguna forma, sostiene el exconsejero de la CNE Jorge Fabra, ya lo es. Porque en su opinión, “el déficit tarifario a través de la titulización [colocación en los mercados con aval del Estado], compite con el Tesoro en la colocación de la deuda soberana”. Fabra considera que no puede haber quita en la deuda reconocida “porque ese dinero, incorporado al balance de las empresas, ya se ha repartido, entre otras cosas, en forma de dividendo”. Sí se puede actuar, asegura, en el proceso de colocación de la deuda, que debería, en su opinión, correr a cuenta de las empresas.

En un sector tan especializado los números se examinan al céntimo para armar las críticas. Sobre el termosolar, los números caen de punta

Fabra, como otras voces (Asociación de Grandes Consumidores, AEG; Protermosolar, de empresas con proyectos termosolares, o Unef), consideran necesario revisar la situación de las centrales nucleares e hidroeléctricas, bien para rebajar los precios a los que son retribuidas por generar electricidad, bien para soportar una tasa que contribuya a aliviar el déficit. Lógicamente, las empresas propietarias se oponen ferozmente con todo tipo de argumentos: niegan que las instalaciones estén amortizadas y destacan que son indispensables para garantizar el suministro.

La cuestión es que, con el ajuste a la vista, cada cual defiende sus intereses lo mejor que puede y sabe. Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa, los grandes, apuntan sin disimulo a una tecnología, la termosolar (centrales que utilizan espejos durante el día para calentar fluidos, generar vapor y producir electricidad) como la principal responsable de los desequilibrios que amenazan al sistema en el futuro. El hecho de que en la moratoria para las renovables recién aprobada se haya respetado el plan de instalación de plantas termosolares preregistradas (2.525 megavatios) no ha hecho más que aumentar las críticas. “Nueva burbuja”; “una locura”; “un agujero imposible de financiar”. Las descalificaciones vuelan como cuchillos.

Los destinatarios de tanta crítica son un puñado de empresas que acumulan 2.525 megavatios autorizados en preregistro. Se trata de Abengoa, ACS, Acciona, Grupo Solar Milenium, Samca, Elecnor y Torresol. Los tres primeros grupos controlan más del 50% de los megavatios autorizados.

En el modelo ideal, con sobrecapacidad de generación y demanda a la baja, los precios deberían tender también al descenso. Y sin embargo, no es así

En un sector tan especializado como el eléctrico, los números, para bien y para mal, se examinan al céntimo para armar las críticas. Y sobre el sector termosolar, los números caen de punta. Como chuzos. Según las cuentas que circulan por las grandes empresas, la termosolar es la más cara de las renovables (320 euros MWh) y tendrá un coste para el sistema de 2.000 millones de euros al año si se cumplen las previsiones y se instalan los 2,5 GW autorizados. Un coste que se extendería durante al menos 25 años. En 2011 las empresas cobraron en torno a 400 millones de euros y en 2012 la previsión apunta a 553 millones.

Por supuesto, las empresas agrupadas en la asociación Protermosolar también manejan números. Favorables, faltaría más. Según las cuentas elaboradas por la consultora Deloitte, en 2020 los proyectos termosolares contribuirán al PIB con 3.516 millones al año, ahorrarán la importación de 140.692 toneladas equivalentes de petróleo (tep) y en 2015 su actividad habrá ahorrado la emisión a la atmósfera de 3,1 millones de toneladas de gases.

Visiones absolutamente divergentes en un sector, el energético, que ha registrado un importante proceso especulativo con los huertos solares y que tiene poco que ver con lo que, en numerosas ocasiones, se ha publicitado para el sector eléctrico: una actividad teóricamente en competencia, liberalizada y moderna.

Escasa competencia y fiscalidad elevada

Aunque la teoría se quiebra. En el modelo ideal, con sobrecapacidad de generación —las centrales de ciclo combinado, que suman más de 25.000 megavatios, solo funcionan una cuarta parte de las horas posibles— y demanda a la baja, los precios deberían tender también al descenso. Y sin embargo, no es así. Las razones son múltiples. La escasa competencia y la fiscalidad de la electricidad explican en parte el problema. Hasta un 28% de la factura son impuestos. Y de los costes totales del sistema (en torno a 31.000 millones), más de un tercio tienen que ver con decisiones de política energética o lo que es lo mismo, con decisiones que toma el Gobierno de turno. Un error, como sucedió con la estimación del negocio solar fotovoltaico, o una decisión política arriesgada —contener artificialmente las tarifas eléctricas, como se hizo en 1998— puede hipotecar el futuro.

Y luego toca enmendar errores. El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, es uno de los representantes del sector eléctrico y gasista que ha solicitado “limpiar” la tarifa eléctrica de todo aquello que, estrictamente, no es electricidad. Desde el coste de mantener el sistema en Baleares y Canarias, los llamados extrapeninsulares, hasta las subvenciones al carbón, pasando por la llamada interrumpibilidad (descuentos a las grandes industrias por admitir restricciones de suministro en caso necesario), que suman, según sus números, 600 millones por año.

En el descontrol de los huertos solares, que en 2010 ya sobrepasaban en un 800% el objetivo fijado, tuvo que ver la duplicidad de competencias

Pero en un contexto de crisis, el responsable de Industria lo tiene difícil para taponar agujeros sin soliviantar ánimos. Y no se trata solo de empresas. En el descontrol de los huertos solares, que en 2010 ya sobrepasaban en un 800% el objetivo fijado en 2005 para su desarrollo, además de la favorable retribución, tuvo mucho que ver la duplicidad de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas. Es algo a solucionar. Pendiente.

Como pendiente está una apuesta decidida por el ahorro energético. Es una cuestión económica fundamental, mal resuelta hasta ahora y que ha hecho perder competitividad al conjunto de la economía.

Y aunque con las dificultades económicas las cuestiones medioambientales parecen haber pasado a un segundo plano, no conviene perderlas de vista. Lo recuerda en sus documentos la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que, para frenar el cambio climático, considera que el 60% de las medidas a adoptar deberían ser acciones relacionadas con la eficiencia energética; el 20% relacionadas con las energías renovables; en un 10%, con la energía nuclear, y en otro 10%, con el secuestro de carbono

Soria se apoya en el Supremo para subir el recibo de la luz en abril

El ministro Soria matiza que el aumento no puede ir todo a cargo del consumidor

Las eléctricas presionan para evitar tasas o quitas voluntarias de la deuda

La luz subirá el 1 de abril. Lo anunció este jueves en el Congreso el ministro de Industria, José Manuel Soria, que justificó la decisión en los recientes autos del Tribunal Supremo (El Supremo exime a las eléctricas de la financiación del bono social

El alto tribunal dice que no afecta a la regulación del bono ni a sus beneficiarios

Declara en una sentencia que el mecanismo es “discriminatorio” y “no transparente”

Obliga a reintegrar a Iberdrola lo abonado

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha declarado inaplicable la obligación de las empresas de generación de energía eléctrica de financiar el bono social y ha reconocido a Iberdrola el derecho a que le sean reintegradas las cantidades que haya abonado por ese concepto. La sentencia declara que no queda afectada la regulación del bono social y de sus beneficiarios (pensionistas mínimos, familias numerosas y familias con todos sus miembros en paro), pero deja en el aire a quién corresponde financiarlo, al eximir a las eléctricas de dicha obligación.

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Juan Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat que asegura que la obligación de las eléctricas de financiar un bono destinado a los clientes más vulnerables constituye una medida de política social que no es discriminatoria ni arbitraria y se justifica en el interés económico general. El bono social, según los cálculos hechos en su día por el Ministro de Industria, iba a beneficiar aproximadamente a cinco millones de hogares y unos 11 millones de ciudadanos para garantizar la congelación del precio de la luz hasta el año 2012.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Espín, estima un recurso de Iberdrola, que consideró “discriminatorio” que la financiación del bono social recayese sobre las empresas “de generación eléctrica” en vez de sobre otras del sector, así como “arbitraria” la selección de empresas que debían financiarlo y en la media que debían hacerlo.

Según el Supremo, no cabe duda de que el bono social debe considerarse como “una media de protección a los clientes finales socialmente vulnerables” destinada a los usuarios de la tarifa de último recurso que tengan potencia contratada inferior a 3 kilovatios, pensionistas que perciben la pensión mínima, familias numerosas o con todos sus miembros en paro. Se trata de colectivos de una “situación económica y social de vulnerabilidad”, pese a “determinadas insuficiencias” del Real Decreto-ley 6/2009 que regula el bono social, como “la falta de fijación de un indicador de renta per cápita familiar”.

Sin embargo, “un examen detenido de la regulación” revela, según el Supremo, que “el mecanismo de financiación del bono social —no el propio bono social—, supone una obligación para las empresas generadoras obligadas a participar que debe calificarse de discriminatoria y no transparente”.

El Supremo considera la regulación “discriminatoria” porque carga toda la financiación del bono social en unas empresas concretas de un sector, el de “generación de energía eléctrica” y no se justifica porque no han de ser todos los sectores empresariales intervinientes de ese sector (generación, transporte, distribución), o “la generalidad de los usuarios o unos y otros, o simplemente, con cargo al presupuesto estatal, dado que en definitiva se trata de la financiación de una ayuda social”.

“Seguramente el Gobierno español pueda optar” dice la sentencia, “porque sea el propio sector eléctrico en que se haga cargo e incluso una parte de dicho sector”. Pero en tales casos “resulta imprescindibles que se aduzcan razones suficientes y razonables para ello, que en el presente caso no se expresan”.

"Discriminatoria y carente de transparencia"

La Sala ve igualmente “discriminatoria y carente de transparencia” la carga de la financiación a una “lista nominativa de empresas”, entre ellas Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa, etcétera… y en unos porcentajes “cuya razón última se desconoce”, lo que impide verificar y controlar a cada una de ellas la exactitud o corrección de dichos porcentajes.

En definitiva, la sentencia declara que no queda afectada la regulación del bono social y de sus beneficiarios, sino tan solo el mecanismo de financiación. El fallo declara inaplicables el mecanismo de liquidación del bono social y las tarifas de referencia para su aplicación, al quedar sin cobertura legal.

El magistrado José Manuel Bandrés disiente de la sentencia por entender que el gobierno estableció el bono social como legislador de urgencia para proteger a los clientes más vulnerables en un contexto de liberalización del sector eléctrico. El Gobierno aprueba nuevas medidas para la liberalización "ordenada" del sector eléctrico

La nueva norma tiene en cuenta el futuro mercado ibérico de la electricidad de España y Portugal para refinir la nueva estructura del sector

El Real Decreto aprobado hoy es un desarrollo reglamentario del Real Decreto-Ley 5/2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Productividad en relación con el Sector Eléctrico.

En su contenido figuran la reorganización de la estructura del mercado de producción de energía eléctrica, la racionalización de las instalaciones de distribución y la homogeneización de las condiciones de contratación en los mercados libre y regulado.

El Gobierno ha tenido en cuenta el Mercado Ibérico de la electricidad para definir la nueva estructura del mercado de producción de energía eléctrica en esta nueva norma.

Objetivo: que el mercado libre y el regulado tengan las mismas condiciones

La finalidad de esta nueva estructura es la homogeneización de las condiciones para el mercado libre y el regulado. A juicio del Gobierno, esto debería redundar en "en un incremento de consumidores que pasarán a comprar su energía en el mercado liberalizado".

Las medidas concretas se refieren a la instalación de equipos de control de potencia, a la unificación del tratamiento del consumo de energía reactiva y del pago de garantía de potencia de consumidores tanto en el mercado libre como en el regulado.

La primera medida habla sobre igualar las obligaciones, en ambos mercados, de control de la potencia contratada por los consumidores domésticos, que antes era opcional en el regulado, mediante planes anuales de las empresas distribuidoras.

Se elimina, además, la posibilidad de que, para las mismas características de consumo, un usuario tenga la posibilidad de elección entre varias tarifas, de tal forma que con ello se asegure que cada tipo de consumidor cubra los costes que provoca al sistema.

Por último, se recogen una serie de requisitos acerca de la información que se debe suministrar al consumidor sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto en el medio ambiente, a la vez que se regulan los requisitos mínimos a que deben ajustarse los contratos suscritos con los clientes domésticos.

  En cuanto a que la financiación del bono social recaiga sobre las compañías de producción eléctrica, el magistrado recuerda que éstas han sido las beneficiadas “por la percepción de mayores ingresos derivados de la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero”.

Bandrés mantiene que debería haberse desestimado en su integridad el recurso de Iberdrola en cuanto a que la aprobación del bono social no es contrario al Derecho Comunitario europeo ni infringe la Constitución, como sostiene la Sala.

Por el contrario, el magistrado discrepante entiende que una medida que promueve y facilita el acceso al servicio público de suministro eléctrico a las personas mas desfavorecidas, “no se revela ni contraria al mantenimiento de la unidad del mercado común en el sector eléctrico, ni a la libertad de establecimiento, ni a la libertad de empresas, ni es discriminatoria o arbitraria, en cuanto que dicha obligación es necesaria, está justificada por perseguir el interés económico general y es, asimismo, proporcionada”.)

 que dan la razón a las eléctricas al cuestionar los manejos técnicos del recibo —pactados entre PSOE y PP en 2011— para mantener congelado el recibo de la luz desde junio del pasado año mientras el déficit del sistema se disparaba camino de los 24.000 millones de euros. Los autos del Supremo, que eximen a las compañías hasta de financiar el llamado bono social para pensionistas de bajos ingresos, familias numerosas y parados, apuntalan una subida tarifaria que hasta la Comisión Nacional de la Energía (CNE) considera necesaria.

El 1 de abril está a la vuelta de la esquina y Soria no tiene mucho margen de maniobra. Por ello en el sector nadie piensa que la primavera se estrene con medidas contra el déficit del sector, nuevo recibo y nueva regulación. Sí se cuenta con que habrá decisiones inmediatas para atajar en parte el problema del déficit. Y la primera será la anunciada subida. Pero ¿en qué cuantía? Soria aseguró este jueves que ni “la horquilla” ni “los porcentajes” están decididos. Pero en un sector especialista en elaborar fórmulas, las cuentas más probables ya están hechas.

Por partes. Para cumplir con los autos del Supremo, reconsiderando las subidas de la parte regulada del recibo (los llamados peajes) de los últimos seis meses y el bono social, los peajes, debería subir más del 30%, sostienen las empresas. Puesto que esos peajes suponen en torno a la mitad de la factura, la subida en el recibo debería rondar el 15%. Como tal aumento, en un contexto de crisis profunda, parece improbable: Soria repitió este jueves que “se equivoca radicalmente quien piense que el cumplimiento de los dictámentes del Supremo recaerá en la espalda de los consumidores”. Lo más sensato es pensar en una subida más moderada, de en torno al 5% en los peajes, lo que limitaría la subida final del recibo entre el 2,5% y el 3%. A la contención debe contribuir el hecho de que el segundo trimestre, en términos de precio de energía —que supone la mitad del recibo— suele ser favorable. La subida irá acompañada de un decreto para elevar el techo de déficit previsto por ley para este año (1.500 millones) y evitar incumplir la normativa en vigor —la base de los autos del Supremo— que obliga a eliminar el déficit de tarifa en el año 2013. Para más tarde quedará la consideración de medidas tendentes a acabar de una vez con la deuda —en línea con las recomendaciones de la CNE— y dotar al sector de una nueva regulación que sustituya a la vigente desde el año 1996. Desde las empresas, y especialmente desde la patronal que las agrupa, Unesa, la presión para evitar medidas indeseadas, ya sea la imposición de tasas a centrales nucleares o hidroeléctricas o quitas más o menos voluntarias de la deuda reconocida, es continua.

Los mensajes llegan al secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, antiguo vicepresidente de la CNE, que mantiene contactos con las empresas para “escuchar”, aseguran fuentes de las compañías, no para adelantar medidas. Se trata, sobre todo, de cartografiar un problema que tiene muchas caras: desde una tarifa convertida en cajón de sastre —en ella cabe desde un IVA del 18% hasta las ayudas al carbón—, pasando por las competencias de las comunidades o los bandazos en las renovables